Juez libera a tres cubanos condenados por homicidio de custodia ICE

Un juez federal de Louisiana ordenó la liberación de cuatro inmigrantes detenidos por ICE, tres de ellos ciudadanos cubanos con condenas por homicidio, en una decisión que ha desatado una fuerte controversia entre el poder judicial y la administración Trump.

La decisión judicial

El juez John deGravelles, del Tribunal Federal del Distrito Medio de Louisiana, emitió la orden de liberación el 6 de febrero de 2026. Su argumento central: los detenidos habían permanecido bajo custodia durante un período prolongado sin perspectiva real de ser deportados, ya que sus países de origen —Cuba y Etiopía— se niegan a aceptar su repatriación.

La decisión se basa en precedentes del Tribunal Supremo que limitan la detención indefinida de inmigrantes cuando no existe una probabilidad razonable de deportación.

Los cubanos liberados

De los cuatro liberados, tres son ciudadanos cubanos con historiales criminales extensos:

Luis Gaston-Sanchez acumula condenas por homicidio, asalto, resistencia a la autoridad, ocultación de propiedad robada y dos cargos de robo. Su orden de deportación data de septiembre de 2001 — más de 24 años sin que Cuba lo aceptara de vuelta.

Ricardo Blanco Chomat tiene condenas por homicidio, secuestro, asalto agravado con arma de fuego, robo, hurto y venta de cocaína. Su orden de deportación fue emitida en marzo de 2002.

Francisco Rodriguez-Romero fue condenado por homicidio y posesión ilegal de armas. Su caso es el más antiguo: la orden de deportación se emitió en mayo de 1995, hace más de 30 años.

El cuarto liberado es Ibrahim Ali Mohammed, ciudadano etíope condenado por explotación sexual de un menor.

El problema de fondo: Cuba no acepta deportados

El caso expone un dilema central de la política migratoria estadounidense hacia Cuba. Históricamente, el gobierno cubano ha restringido severamente la aceptación de ciudadanos deportados, especialmente aquellos con antecedentes penales graves.

Aunque la administración Trump logró recientemente el primer vuelo de deportación de 2026 con 170 cubanos, esos casos involucraban principalmente a migrantes recientes detenidos en la frontera. Los casos de cubanos con condenas penales antiguas y órdenes de deportación de décadas son significativamente más complejos.

Esta situación crea un limbo legal: ICE no puede deportarlos, pero tampoco puede detenerlos indefinidamente según la jurisprudencia vigente.

Reacción del gobierno

La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue inmediata y contundente.

“Las ramificaciones solo serán la continuación de violaciones, asesinatos, asaltos y robos contra más víctimas estadounidenses”, declaró Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS. “Liberar a estos monstruos es inexcusablemente imprudente.”

El DHS calificó al juez deGravelles de “juez activista” y reafirmó su compromiso de continuar las deportaciones: “Estamos aplicando la ley tal como está escrita. Si un juez de inmigración determina que un extranjero ilegal no tiene derecho a estar en este país, vamos a deportarlo. Punto.”

La prisión de Angola como centro de detención

Los cuatro detenidos se encontraban en el “Louisiana Lockup”, un espacio dentro de la célebre Penitenciaría Estatal de Louisiana, conocida como Angola. Desde septiembre de 2025, ICE alquila espacio en esta instalación para detener a inmigrantes con antecedentes criminales.

La prisión de Angola, una de las más grandes de Estados Unidos, ha sido históricamente controvertida por sus condiciones de reclusión. Su uso como centro de detención migratoria ha generado críticas adicionales por parte de organizaciones de derechos civiles.

Un conflicto que escala

Esta decisión se suma a una serie de enfrentamientos entre el poder judicial y la administración Trump sobre política migratoria. Mientras el gobierno presiona por deportaciones masivas de cubanos y arrestos de inmigrantes con antecedentes, algunos tribunales federales aplican límites constitucionales a la detención prolongada.

Para la comunidad cubana, el caso ilustra la complejidad de una relación migratoria marcada por décadas de tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana.