EE.UU. gastó $40 millones en deportar migrantes a terceros países

Un informe sin precedentes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. ha revelado que la administración Trump gastó más de $40 millones para deportar a aproximadamente 300 migrantes a países donde nunca habían vivido, una práctica que organizaciones de derechos humanos califican de alarmante y que afecta directamente a la comunidad cubana.

Una práctica que dejó de ser excepcional

Las deportaciones a terceros países eran anteriormente “una herramienta rara utilizada solo en circunstancias excepcionales”, según el informe titulado At What Cost? Inside the Trump Administration’s Secret Deportation Deals. Ahora, la administración Trump ha “ampliado e institucionalizado” esta práctica en un sistema global de expulsiones.

El informe, comisionado por la senadora Jeanne Shaheen (D-NH), documenta pagos directos que oscilan entre $4.7 millones y $7.5 millones a cinco países:

• El Salvador: recibió aproximadamente 250 venezolanos
• Guinea Ecuatorial: 29 deportados
• Ruanda: cifra no especificada
• Eswatini: cifra no especificada
• Palaos: acuerdo firmado pero sin deportados aún

En total, $32 millones en fondos de contribuyentes fueron pagados directamente a gobiernos extranjeros.

47 acuerdos más en negociación

Lo que hace esta situación aún más preocupante es la escala de expansión. Según documentos internos revisados por la Associated Press, existen 47 acuerdos con terceros países en distintas etapas de negociación:

• 15 ya han sido concluidos
• 10 están cerca de finalizarse
• 17 adicionales involucran países que aceptarían solicitantes de asilo

La administración incluso ha sostenido que no necesita acuerdos formales para enviar personas a estos países.

La conexión cubana

Para los miles de cubanos actualmente en custodia de ICE — estimados en más de 45,000 con órdenes de deportación — esta práctica representa una amenaza real. Ya hemos documentado cómo cubanos detenidos han sido transferidos a la base naval de Guantánamo y sometidos a múltiples intentos de deportación a distintos destinos.

El caso reciente de un joven cubano con I-220A que fue trasladado entre centros de detención en California, Arizona y Louisiana antes de ser finalmente deportado a Cuba ilustra cómo el sistema trata a los migrantes como piezas en un tablero geográfico.

Sin supervisión ni rendición de cuentas

Quizás el hallazgo más perturbador del informe es la ausencia total de supervisión. El personal del Senado visitó los países receptores y encontró:

• Una casa vigilada por guardias armados en Sudán del Sur donde se retenía a deportados de Vietnam y México
• Funcionarios estadounidenses que admitieron haber recibido instrucciones de “no dar seguimiento” al trato de los deportados
• Un abogado de la administración que reconoció ante un tribunal que Ghana aparentemente estaba violando los términos del acuerdo

“Este informe detalla la práctica preocupante de la administración Trump de deportar a personas a terceros países — lugares donde no tienen ninguna conexión — a un gran costo para el contribuyente estadounidense”, declaró la senadora Shaheen.

El costo real: más que dinero

Más allá de los $40 millones, el informe documenta casos donde migrantes fueron deportados a un tercer país solo para que EE.UU. pagara otro vuelo para devolverlos a su país de origen, duplicando el gasto sin ningún beneficio.

El secretario de Estado Marco Rubio defendió la práctica ante el Senado: “Hemos arrestado a personas que son miembros de pandillas y los hemos deportado. No queremos miembros de pandillas en nuestro país.”

Sin embargo, críticos señalan que la mayoría de los deportados a terceros países no tienen antecedentes criminales y que la práctica viola derechos fundamentales del debido proceso.

¿Qué sigue para los migrantes cubanos?

Con la reanudación de vuelos de deportación a Cuba y el aumento del 28% en autodeportaciones, la comunidad cubana enfrenta un panorama cada vez más hostil. La expansión de acuerdos con terceros países añade otra capa de incertidumbre para quienes esperan resolución de sus casos migratorios.

Organizaciones de derechos humanos como el American Immigration Council han intensificado sus llamados a investigar estas prácticas, especialmente tras la muerte de un cubano en detención de ICE clasificada como homicidio.

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Fuentes: Associated Press, Washington Post, Common Dreams, Informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU.