Corte Suprema de EEUU examina demandas por bienes confiscados en Cuba

La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de dar un paso histórico en la larga y tortuosa relación entre Washington y La Habana. Este lunes 22 de febrero de 2026, los jueces del tribunal más alto del país escuchan por primera vez argumentos orales sobre el alcance del Título III de la Ley Helms-Burton —una norma que lleva tres décadas en el centro del debate jurídico sobre Cuba, pero que ningún tribunal supremo había interpretado jamás.

En juego: miles de millones de dólares en demandas por propiedades confiscadas tras la revolución que llevó a Fidel Castro al poder en 1959.

Dos casos en el corazón del debate

Los magistrados examinan dos demandas distintas pero que comparten el mismo eje legal:

Caso 1: ExxonMobil vs. CIMEX La gigante petrolera estadounidense exige más de 1.000 millones de dólares de compensación a CIMEX, una empresa estatal cubana, por activos de petróleo y gas que el gobierno revolucionario confiscó en 1960. ExxonMobil presentó su demanda en Washington en 2019, cuando Trump levantó la suspensión del Título III. La cuestión clave: ¿pueden las empresas estatales cubanas escudarse en la doctrina de inmunidad soberana extranjera para evitar los tribunales estadounidenses?

Caso 2: Muelles de La Habana vs. cuatro navieras Una pequeña empresa que construyó muelles en el puerto de La Habana antes de la revolución demanda a cuatro líneas de cruceros —Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises— por usar esas instalaciones portuarias confiscadas. La pregunta: ¿hasta qué punto son responsables empresas privadas que simplemente utilizan propiedad robada?

Una ley de 30 años, sin interpretar

El Título III fue incluido en la Ley Helms-Burton de 1996, que codificó el embargo comercial de EEUU contra Cuba impuesto por Kennedy en los años sesenta. Su artículo III permite a ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales federales a cualquier entidad que “trafique” con bienes confiscados por La Habana.

Sin embargo, los presidentes Clinton, Bush y Obama mantuvieron el Título III suspendido año tras año, temiendo conflictos diplomáticos con aliados europeos y canadienses que habían invertido en Cuba. Fue Donald Trump quien, en 2019, lo activó definitivamente, declarando que la medida “incrementaría la presión sobre el gobierno cubano.”

Desde entonces, unos 40 pleitos se han abierto camino lentamente por los tribunales. Hoy, por primera vez, el Supremo fija el marco legal definitivo.

El argumento de Cuba y sus aliados

CIMEX y sus abogados sostienen que la decisión de un tribunal inferior de 2024 —que permitió a las empresas estatales cubanas alegar inmunidad soberana— debe mantenerse. Según ese argumento, la doctrina de inmunidad soberana protege a los gobiernos extranjeros y sus organismos de ser demandados en cortes estadounidenses.

Exxon rechaza ese razonamiento. Sus abogados arguyeron en documentos judiciales que la decisión de 2024 “impone otro obstáculo más en una larga cadena de barreras a la recuperación para las víctimas de las confiscaciones ilegales del gobierno de Castro.”

El contexto: Cuba cercada y bajo presión máxima

La vista llega en un momento de presión sin precedentes sobre Cuba. El gobierno de Trump ha declarado a la isla una “amenaza extraordinaria e inusual” para la seguridad nacional, cortando el suministro de petróleo venezolano y amenazando con aranceles a cualquier país que le venda combustible.

Como el diplomático Mike Hammer, el encargado de negocios de la Embajada de EEUU en La Habana, afirmó esta misma mañana: el cambio en Cuba “se aproxima.” En ese contexto, el Supremo sienta hoy el precedente legal sobre qué pasará con los bienes confiscados cuando ese cambio llegue.

El bloqueo ya tiene consecuencias devastadoras: el sistema de salud cubano está al borde del colapso, las reservas de combustible están por debajo de 20 días y Rusia intenta enviar fuel de forma clandestina. Cuba ha pedido ante la ONU que se declare un bloqueo total ilegal, y la administración Trump confirma que está negociando directamente con sectores del régimen.

¿Qué decide el Supremo y cuándo?

Los argumentos se escuchan hoy. La decisión del tribunal podría tardar meses —habitualmente se emiten antes de que termine el período judicial en junio. Pero sea cual sea el fallo, sentará un precedente que afectará a decenas de demandas activas y potencialmente a miles de millones en reclamaciones por propiedades que el gobierno de Fidel Castro nacionalzó hace más de seis décadas.

Para los cubanoamericanos que perdieron su patrimonio en aquella revolución, y para las empresas multinacionales que operan en la isla, este lunes es una fecha que no se borrará fácilmente.

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Imagen: Corte Suprema de Estados Unidos, Washington D.C. Wikimedia Commons (CC BY-SA).

Fuentes: Reuters · CNBC · US News & World Report