Demanda federal post-deadline: 100,000+ cubanos buscan residencias

El plazo venció el viernes 13 de marzo, pero la batalla legal continúa. La demanda federal contra USCIS por las más de 100,000 solicitudes de residencia cubana paralizadas bajo las políticas de Trump sigue adelante, marcando un momento decisivo para los cubanos atrapados en el limbo migratorio.

El Deadline que Cambió Todo

Los abogados Claudia Cañizares y Mark Prada habían establecido el viernes 13 de marzo como fecha límite para que los cubanos afectados se unieran a la demanda de clase acción. Según las cifras de los litigantes, más de 100,000 casos podrían estar afectados por la suspensión o retrasos en el procesamiento de solicitudes de residencia permanente.

Durante el período de espera, muchos solicitantes han visto no solo sus aplicaciones estancadas, sino también la denegación de permisos de trabajo y la paralización de procesos de reunificación familiar que llevaban años en marcha.

La Estrategia Legal Continúa

La demanda apunta directamente al memorando de USCIS de diciembre de 2025 que suspendió temporalmente el procesamiento de diversos beneficios migratorios para ciudadanos de 19 países considerados de alto riesgo, incluidos Cuba y Venezuela.

Esta suspensión se implementó como parte del controversial “travel ban” de junio de 2025, que los abogados argumentan viola tanto la Ley de Ajuste Cubano como principios fundamentales del debido proceso.

El Costo Humano del Limbo

Mientras se desarrolla el proceso legal, las familias cubanas enfrentan costos que van entre $4,000 y $8,000 por cada caso estancado. María González, residente de Miami con solicitud paralizada desde octubre de 2024, describe la situación como “un círculo vicioso donde no puedes trabajar legalmente, pero tampoco puedes irte.”

“Mi hijo tiene cita para el servicio militar, pero no puede alistarse sin la tarjeta verde,” explica González. “Los años pasan y nosotros seguimos en el mismo lugar.”

Precedente Nacional

Esta demanda se produce en un momento crítico cuando las deportaciones de cubanos han alcanzado cifras récord bajo Trump, con 5,169 cubanos deportados —la cifra más alta en la historia de Estados Unidos.

Simultáneamente, la Corte Suprema ha restringido las apelaciones de asilo, complicando aún más las opciones legales disponibles para los migrantes cubanos.

Expectativas Legales

Los abogados estiman que un acuerdo podría alcanzarse en 1-3 meses si USCIS acepta establecer cronogramas claros para procesar los casos acumulados. Sin embargo, la administración Trump ha mostrado poca flexibilidad en asuntos migratorios relacionados con Cuba.

La demanda también busca que USCIS procese las solicitudes de permisos de trabajo para quienes entraron legalmente bajo programas como el parole humanitario, CBP One, y reunificación familiar antes de que fueran suspendidos.

FAQ: Demanda Federal Residencias Cubanas

¿Quiénes pueden beneficiarse de esta demanda?

Solo migrantes que entraron legalmente bajo programas designados: parole humanitario cubano, proceso CBP One, o iniciativas de reunificación familiar. No aplica para personas con I-220A u órdenes de deportación.

¿Qué pasa si no me uní antes del deadline?

Aunque el período de adhesión formal terminó el 13 de marzo, los resultados de la demanda podrían beneficiar a todos los cubanos con casos similares si se establece un precedente favorable.

¿Cuánto tiempo toma procesar normalmente una residencia cubana?

Antes de las restricciones de Trump, la Ley de Ajuste Cubano permitía procesamiento en 6-12 meses. Actualmente, algunos casos llevan más de 18 meses paralizado.

¿Puedo trabajar mientras espero la resolución?

Los permisos de trabajo también están suspendidos bajo la nueva política. La demanda busca específicamente restaurar estos permisos para los aplicantes elegibles.

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Contacto legal: Los cubanos afectados pueden comunicarse al 305-680-0036 para obtener información sobre la demanda y sus opciones legales.

La batalla por las residencias cubanas continúa en los tribunales, mientras miles de familias permanecen en un limbo que parece extenderse indefinidamente bajo las políticas de “presión máxima” de la segunda administración Trump.