Asilo, parole e I-220A

La Ley de Ajuste Cubano (CAA por sus siglas en inglés), aprobada en 1966, permite a los cubanos que hayan sido formalmente admitidos o liberados bajo parole en EE.UU. y que hayan permanecido físicamente en el país por al menos un año y un día, solicitar la residencia permanente (tarjeta verde). Es un privilegio único que no existe para ninguna otra nacionalidad. Sin embargo, en 2026 enfrenta graves limitaciones por las políticas de Trump y la controversia legal sobre el documento I-220A.

Actualmente, NO. En 2022, el DHS argumentó ante los tribunales que el I-220A (Orden de Liberación bajo Reconocimiento) no equivale al parole formal que exige la CAA. En 2023, un tribunal de apelaciones federales falló a favor del gobierno, cerrando esa puerta para unos 500,000 cubanos. Sin embargo, hay múltiples demandas legales en curso —incluyendo una demanda colectiva liderada por el abogado Mark Prada en Miami— que buscan que los tribunales reconozcan el I-220A como equivalente al parole. La situación sigue en litigio.

Los que tienen antecedentes penales graves (delitos agravados como homicidio, secuestro, tráfico de drogas, fraude mayor) pierden la protección de la CAA y son deportables. También son vulnerables los que ingresaron sin inspección, los que recibieron I-220A y no tienen parole formal, y los que tienen órdenes finales de deportación. Los 302 cubanos deportados en los primeros dos meses de 2026 incluían mayoritariamente a personas en estas categorías.

Depende de cada caso. Las alternativas incluyen: solicitar asilo si hay persecución política, religiosa o por identidad sexual; pedir una exención migratoria (waiver) si pasaron más de 15 años desde la condena sin reincidencia; obtener parole por razones humanitarias; o ser peticionado por un familiar ciudadano o residente permanente. En todos los casos, consultar un abogado de inmigración es esencial antes de actuar.

Los estafadores crearon una firma llamada 'CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria' y captaban víctimas principalmente a través de Facebook. Les cobraban cientos o miles de dólares y luego organizaban audiencias de asilo y comparecencias judiciales falsas por videollamada, usando togas, uniformes de agencias federales y fondos con banderas del DHS y letreros de USCIS para parecer auténticos.